Desde las primeras elecciones locales democráticas, ya dentro del marco constitucional de 1978, celebradas en 1979, han existido candidaturas de carácter independiente. La presencia de estas alternativas municipalistas ha sido una constante durante todos los mandatos en la totalidad de provincias españolas y que va en aumento elección tras elección. En estas candidaturas las personas integrantes han destacado por querer hacer progresar a nuestros pueblos y ciudades, alejados de grandes marcas y bloques ideológicos que guiados por otros intereses de ámbitos superiores que generalmente y salvo contadas excepciones, han estado y están a otras prioridades.
Las personas que hemos conformado candidaturas municipalistas nos hemos enfrentado solas, sin grandes estructuras ni maquinarias electorales como sí tienen las grandes formaciones políticas, al establishment político, defendiendo con dignidad la necesidad de trabajar por los municipios, desde los propios municipios, sin las injerencias ni directrices de aquellos que no conocen la realidad y las problemáticas que viven los pueblos y ciudades de nuestro país. En muchas ocasiones esa soledad muy característica de las aventuras locales independientes, y que supone un verdadero esfuerzo para las personas que deciden llevar a cabo dicha travesía por el desierto, comporta dificultades y muchos deciden tirar la toalla.
Y además observamos como en muchas ocasiones las grandes formaciones políticas tratan de atraer a nuestros respectivos plenos municipales cuestiones de ámbito nacional, y de competencia directa de otras instancias, guiados por las directrices de sus estructuras de partido, buscando sus minutos de oro con temas y asuntos totalmente alejados de la verdadera esencia de la política local: la eficiente gestión de los recursos públicos y servicios a la ciudadanía.
En los últimos años los partidos y agrupaciones de carácter municipalista hemos decidido empezar a crear sinergias y poder tener la fuerza que nos otorgan nuestros respectivos vecinos y vecinas con su confianza y apoyo en las urnas. En varias provincias españolas se han unido esfuerzos para que el municipalismo tenga representación más allá de los ayuntamientos. Prueba de ello es la presencia de diputados y diputadas provinciales municipalistas, en tareas de gobierno y oposición, en varias diputaciones provinciales y cabildos insulares de nuestro país tras las elecciones locales del 28 de mayo de 2023.Incluso el municipalismo se ha quedado a las puertas de obtener representación en algún parlamento autonómico, como es el caso de la Región de Murcia. La unidad es efectiva y desde septiembre del 2023 se han iniciado contactos a lo largo y ancho de todo el Estado para el agrupamiento del municipalismo.
De acuerdo con esto, la creación de la Confederación es necesaria para unir esfuerzos. Además, ha quedado patente, durante estas décadas, que los principales partidos políticos (con independencia de sus ideologías) están a otras batallas y que no impulsan las reformas necesarias en la administración local, la más cercana al ciudadano, la que mejor conoce sus problemas y la única que responde ante los retos existentes, pese a tener competencias limitadas y una infrafinanciación evidente. No podemos esperar resultados distintos de quienes llevan décadas dando la espalda a las necesidades del municipalismo.
En un intento por resaltar nuestros principios fundamentales, afirmamos lo siguiente: por un lado, suscribimos, defendemos y aplicamos, desde nuestro ámbito competencial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Constitución Española de 1978. Además, los municipalistas somos firmes defensores de la democracia como sistema de organización y participación política efectiva, pues queremos que la ciudadanía participe de manera directa en los procesos de toma de decisión en la gestión pública y el ámbito en el que mayores posibilidades existen para su desarrollo es, sin duda, en el espacio local. Defendemos la sostenibilidad de nuestras tierras. Finalmente, abogamos por un lenguaje de concordia, diálogo permanente y escucha activa, practicamos la búsqueda permanente del consenso, gobernamos para toda la ciudadanía de forma transversal y preferimos los espacios comunes donde se pone en valor lo que nos une y no aquello que nos separa. No nos gustan las políticas de bloques permanentemente enfrentados. Si alguna cosa podemos aprender de períodos históricos como nuestra Transición hacia la democracia actual es que somos mejores y más fuertes cuando remamos en una misma dirección.
Conscientes del momento histórico en el que nos encontramos y de la necesidad de potenciar el municipalismo como alternativa efectiva de gobierno, cientos de partidos y agrupaciones de carácter independiente y municipalista en España, presentes en todas y cada una de las provincias e islas, nos encontramos en Madrid el 24 de febrero del 2024 para poner en marcha una Confederación municipalista a nivel estatal que aglutine el sentir de una parte muy importante de la ciudadanía que hoy se encuentra huérfana de referentes y representantes.
Con la constitución de la Confederación se pretende crear un paraguas que nos permita, entre otras:
Disponer de una herramienta que coordine al municipalismo en España.Sumar sinergias en una misma plataforma que ponga en valor la fuerzade la unidad, y nos permita plantear cuestiones de interés común a lasadministraciones públicas o, por ejemplo, presentar candidaturas a losórganos de dirección de la Federación Española de Municipios yProvincias (FEMP) o a las federaciones correspondientes de cadaComunidad Autónoma.
Organizar cursos de formación de forma periódica para los cargos públicos o candidatos de las agrupaciones pertenecientes a la Confederación.
Poner en marcha una ‘Oficina de atención al cargo público’. Se pretende proporcionar asesoramiento sobre cuestiones del ámbito municipal(jurídico, tributario, urbanístico...) a los diferentes cargos públicos pertenecientes a la Confederación. Resaltamos otras cuestiones como el apoyo en el análisis de documentos de sus respectivos Ayuntamientos, preparación de argumentario ante mociones o preparación de mociones, etc.
Compartir propuestas e iniciativas de éxito que se hayan puesto en marcha en nuestros respectivos Ayuntamientos.
Promover la reforma de la administración local y de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales: más competencias y recursos para los Ayuntamientos. Defensa de una descentralización en favor de los entes locales.
Realizar pedagogía, especialmente a través de los medios de comunicación, de los puntos fuertes de los partidos de carácter independiente. Y en esta línea tratar de sumar adhesiones a nuestra corriente política y promover la conformación de candidatura sin dependientes en el mayor número de municipios posible.
Promover sinergias entre los diferentes partidos políticos, agrupaciones de electores y federaciones políticas que conforman la Confederación para que allí donde sea posible se trate de unir los votos cara a las respectivas diputaciones provinciales.
Cualquier otra acción que se considere de interés por los partidos queintegren la Confederación.
Conscientes de que es necesario llevar a cabo numerosas reformas en el ámbito de la administración local, como administración más cercana al ciudadano y que mejor conoce sus problemas reales, proponemos las siguientes:
Modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el objetivo de aumentarlas competencias locales en materia de servicios sociales, socio-sanitarios, economía, empleo, desarrollo local, agenda urbana, políticas de juventud, políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, consumo y educación.
Reformar el sistema de financiación del conjunto del sector público para hacer cumplir, en consonancia con el punto anterior, el principio de suficiencia financiera de las Entidades Locales reconocido en el artículo142 de la Constitución Española de 1978. Esta reforma permitirá distribuir de forma adecuada los recursos entre los distintos niveles de gobierno de acuerdo con la tipología de sus competencias, y por tanto mejorar el sistema de financiación de las Entidades Locales y el sistema tributario local.
Establecer un principio básico de lealtad institucional en virtud del cual las leyes o actos autonómicos que creen servicios de competencia municipal o generen gastos que deban afrontar las Entidades Locales establezcan los mecanismos de financiación correspondientes.
Dotar de carácter afectado a fines locales la Participación en Tributos del Estado que las Comunidades Autónomas uniprovinciales perciben para desarrollar las funciones propias de las Diputaciones Provinciales.
Flexibilizar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de manera que la política presupuestaria de las Entidades Locales se oriente a la consecución de una sólida situación de equilibrio presupuestario, y a la contención de los niveles de endeudamiento sin que se limite la autonomía de gasto de los Gobiernos Locales.
Reformar el modelo de Participación en los Tributos del Estado, a fin de superar las actuales disfunciones, para lo cual deberá referenciarse directamente a la recaudación previa del Estado sin descontar la recaudación cedida a las Comunidades Autónomas. Asimismo, se añadirán los recargos e intereses devengados, así como los originados con las declaraciones extemporáneas de declaraciones tributarias, de acuerdo con los conceptos recogidos en el artículo 58.2 de la Ley58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que los considera parte de la deuda tributaria.
Solicitar la compensación por parte del Estado por la pérdida de recaudación en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las Entidades Locales y para dar cobertura a la merma de ingresos que aquellas han experimentado o pudieran experimentar como consecuencia de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional desde el 11 de mayo de 2017, relativas al impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como consecuencia de las reformas normativas efectuadas con posterioridad para adaptar la regulación del tributo a las citadas sentencias.
Solicitar al Gobierno de España la creación de un fondo de compensación del IVA soportado por la Administración Local en sus inversiones y en la prestación de servicios obligatorios mediante tasas exentas del IVA.
Eliminar limitaciones a la tasa de reposición de efectivos por parte de la Administración Local.
Modificar el sistema electoral provincial (diputaciones provinciales),proponiendo la elección directa de los representantes de las corporaciones provinciales en urna por parte de la ciudadanía (como ya ocurre en las diputaciones forales del País Vasco y en los cabildos insulares de las Islas Canarias y Baleares).
Abrir la participación de los Gobiernos Locales al diseño, programación y ejecución de los fondos europeos (tanto los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como los provenientes del actual Marco Financiero Plurianual 2021-2027) instando a la creación de una reserva específica de fondos europeos para luchar contra la despoblación, gestionándose dichos fondos por parte de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares en coordinación con los Ayuntamientos afectados.
Solicitar al Gobierno de España que, en cumplimiento del Real Decreto835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, se vuelva a restablecer la cooperación económica del Estado a las inversiones de los planes provinciales de cooperación de obras y servicios.
Promover la flexibilización de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su aplicación para los Ayuntamientos. Esta ley incorpora procedimientos y requisitos que encorsetan la contratación de los Ayuntamientos y dificultan su actividad diaria y que esta se encamine hacia el interés general de los municipios. Los Ayuntamientos no tenemos los mismos medios que la Administración General del Estado ni que las Comunidades Autónomas y, sin embargo, todos ellos, hasta los más pequeños, debemos cumplir con los mismos requisitos. Es necesario buscar un equilibrio entre seguridad y eficacia, estableciendo procedimientos de contratación simplificados para municipios, de forma que sigan siendo adecuados para evitar situaciones de corrupción, al tiempo permitan el funcionamiento eficaz y eficiente delos recursos de los Ayuntamientos.
Garantizar la construcción de una España equilibrada como marca el artículo 138 de la Constitución, con una lucha proactiva contra la despoblación, corrigiendo los desequilibrios territoriales existentes, donde el lugar de residencia no sea un principio de discriminación garantizando que los derechos fijados en nuestra Constitución (artículo 139) lleguen a todas las personas, al igual que los servicios ofrecidos por el Estado. Porque ser menos no debe restar derechos.
Modificar la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos y resto de resoluciones que desarrollan aspectos de esta, en lo relativo a las limitaciones al gasto que impone a agrupaciones/partidos que se presentan en una o pocas localidades encomparación con partidos de ámbito estatal, suponiendo una discriminación para las agrupaciones municipalistas.
Solicitar la condonación de la deuda total o parcial derivada del fondo de impulso económico del Estado Español hacia los ayuntamientos o aumentar proporcionalmente la participación de ingresos del Estado en aquellos casos en los que las corporaciones locales ya hayan liquidado este fondo.
Promover medidas para la racionalización y optimización de los recursos públicos.
Modificar el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para garantizar que en los Ayuntamientos las formaciones políticas puedan constituir grupo municipal con un concejal, para regular el estatuto del concejal no adscrito, no dejando los derechos de los mismos a la arbitrariedad de cada administración local, y por último para regular debidamente las asignaciones a los grupos municipales.
Los municipios que durante una parte importante del año registran importantes aumentos de su población se enfrentan a dificultades presupuestarias adicionales que con frecuencia generan una disminución de la calidad de los servicios que prestan a sus ciudadanos. En este sentido, los partidos municipalistas, atendiendo a esta singularidad y las dificultades presupuestarias que conlleva este hecho de aumento de la población flotante durante una época del año, propondrán una financiación adicional procedente del Estado y Comunidades Autónomas para que la población de hecho de estos municipios y de los ciudadanos que les visitan, no padezcan una disminución en la calidad de los servicios que reciben.
La descentralización en nuestro país se ha llevado a cabo con diferentes preferencias, las cuales afectan tanto a la intensidad del reparto de las competencias como a las transferencias y dotación de recursos y liderazgo de la autonomía. El Gobierno central y los distintos gobiernos autonómicos gestionan los presupuestos en orden a sus réditos, limitando las inversiones y una justa financiación de aquellos territorios que estratégicamente no le interesan en favor de otros que convienen a sus intereses particulares. Además, la ordenación territorial hace que el protagonismo de la Comunidad diluya el de los municipios en favor de las capitales y las grandes urbes. En la misma medida, se articula la diferencia en beneficio de las conocidas como Comunidades históricas. Todo ello ha redundado en un progresivo aislamiento de la presencia municipalista en favor de la desigualdad proclamada anteriormente, cuyo mayor reflejo tiene como triste y real consecuencia la cara amarga de la España vaciada.
Nuestra Carta Magna instituye como vía universal de expresión política de todo ciudadano su derecho inalienable a participar en los asuntos públicos(art. 23: ‘’Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal’’. Y es ahí donde somos fundamentales en la canalización y garantía para que dicha participación sea directa y efectiva).
Así mismo, el texto legal proyecta la forma más inmediata de acercar la participación directa del elector en la política del Estado, sometiendo constitucionalmente a la Administración Pública a los principios de descentralización y desconcentración, obligando a que dicho cometido se lleve a cabo mediante la titularidad, dotación adecuada de competencias y recursos, en aras de una eficiente cohesión territorial (art. 103).
Tal cohesión territorial, que significa la inversión, financiación, dotación y pertrecho de recursos tecnológicos, y desarrollo de las infraestructuras y redes de comunicación adecuadas, para equilibrar el nivel de vida de las regiones más boyantes de la geografía nacional con las de las menos favorecidas, se completa con la adjudicación a los municipios, garantizada por norma constitucional, de autonomía política para la gestión de sus intereses y el reconocimiento de su plena capacidad de autogobierno, dotándolos de haciendas locales dotadas con medios suficientes para el desempeño de sus funciones propias (arts. 137, 140 y 142).
Las previsiones constitucionales no se han cumplido respecto de las propuestas municipalistas. No hay que olvidar que el proceso autonómico de las CC.AA. exigía un protagonismo a los municipios centrado en la necesidad de aportar las 2/3 partes de su censo para que fuera viable, lo que les proporcionó liderazgo en el primer momento, que luego les has sido sustraído.
El movimiento municipalista es un movimiento global que busca aunar todas las aspiraciones municipales del Estado, convirtiéndose en la voz del pueblo, generando una administración más cercana que responda a las necesidades de sus ciudadanos y que exija a los gobiernos centrales y autonómicos una garantía en la gestión eficaz de servicios y recursos públicos.
Los municipalistas abogamos por el equilibrio entre centralización y descentralización, y se valora la autonomía local como herramienta para acercarla administración al ciudadano, siempre dentro del marco Constitucional. Una autonomía municipal responsable que se ejerza con respeto a los principios de igualdad y solidaridad, que lleve a promover la diversidad, no desde la fragmentación sino desde la cohesión.
Hoy por hoy, la vida municipal presenta déficits que alejan a sus moradores del nivel de recursos de los que gozan en las grandes urbes. El alto nivel de prestaciones capitalinas impone en gran parte del país un obligado éxodo rural hacia las capitales en busca de formación, empleo o de nuevas oportunidades para salir adelante, cuya consecuencia es el despoblamiento delos municipios y la masificación de las grandes urbes.
Abogamos por la descentralización administrativa y la necesaria definición de las competencias municipales, a fin de fortalecer la democracia local, favorecer la participación ciudadana y la gobernanza eficaz, eficiente y cercana a las necesidades específicas de cada comunidad, para construir una estructura municipal sólida que sea sensible a las particularidades de cada localidad.
Este movimiento municipalista pretende lograr un apoyo de la ciudadanía que le permita participar con voz y voto en todas las tribunas de la política. Por ello proclama, como línea de conducta de esta Confederación, su rechazo a la atávica propensión de los partidos que están en el gobierno y en la oposición a mantenerse en el poder, actuando con resuelta dedicación al servicio y logro del bienestar de los ciudadanos.
